4.2. La institucionalización como cambio del modelo organizativo
4.2.1. Introducción
Los movimientos sociales, en general, se caracterizan por poseer estructuras organizativas fluidas, abiertas, descentralizadas, horizontales, informales, asamblearias, en las que se intenta que el o la líder o líderes (si los hay) sean rotativos. Se busca también la conexión con otros movimientos sociales, destacando una estructura en forma de red (Ibarra y Grau, 2008), así como la unión, la relación, el intercambio y la movilización conjunta con otras agentes (Ibáñez y Castells, 2008). Este modelo organizativo, normalmente, se contrapone al propio de las instituciones, caracterizado por una estructura formalizada, estable, vertical, jerárquica, rígida y centralizada en cuanto a la toma de decisiones (Rucht, 2017).
Por tanto, cuando un movimiento social empieza a adoptar modelos organizativos más formales, se interpreta como un indicador de institucionalización que puede acabar generando un distanciamiento entre las personas en posición de liderazgo y la base de la estructura organizativa (Coll-Planas y Cruells, 2017). Entonces, ¿por qué un movimiento social puede decidir asumir este riesgo? Este tipo de cambios responden, en muchas ocasiones, a una necesidad, requisito y exigencia impuesta por las propias instituciones a las que pretenden influenciar. Así, por ejemplo, si una organización desea tener acceso a subvenciones y ayudas públicas para poder seguir funcionando como tal, es obligatorio su registro, que, a su vez, implicará la elaboración y adopción de unos estatutos formales que aportan cierta «oficialidad» a la asociación (Funes, 2011). De esta manera, las instituciones gubernamentales imponen unas exigencias y activan un engranaje que hace que las asociaciones tengan que situarse dentro o fuera de él.
Así, determinados movimientos pueden decidir situarse dentro del sistema institucional, para acceder más fácilmente a ciertos recursos (económicos, infraestructurales, etc.) y tratar de aumentar su influencia para transformar o aumentar la efectividad de las políticas públicas. Otros movimientos, en cambio, prefieren mantener otros modelos organizativos que les confieran una mayor autonomía a pesar de tener más dificultades para el acceso a determinados recursos. En este sentido, Coll-Planas y Cruells (2017) destacan tres tipos de asociaciones según su estructura y capacidad organizativa:
- Asociaciones con grandes infraestructuras, estructura de toma de decisiones jerárquica, gran volumen de personal (contratado y voluntario) y un alto volumen presupuestario que proviene, principalmente, de subvenciones, aunque algunas asociaciones recurren a la creación de fundaciones para facilitar la obtención de capital privado. Como por ejemplo sería el caso de World Vision o de la Fundación Española por los Derechos Humanos.
- Asociaciones con una estructura de toma de decisiones asamblearia, con militantes implicados, volumen presupuestario dispar y poca capacidad para disponer de personal contratado. Aquí podríamos poner como ejemplo a STOP Sida o l’Observatori Contra l’Homofòbia.
- Colectivos no legalizados, con una estructura asamblearia, personal militante y poco presupuesto que proviene de la autogestión, ya que la autofinanciación es su ideario político. Sería el caso de la Guerrilla Travolaka o La Kosturica, entre otros.
Para analizar el proceso de institucionalización de un movimiento desde esta vertiente organizativa tendremos en cuenta las siguientes dimensiones: la formalización de la estructura, la profesionalización, la burocratización y la capacidad organizativa y económica. Veamos cada una de ellas.