4.2. La institucionalización como cambio del modelo organizativo
4.2.4. La burocratización y la prestación de servicios
El Estado priorizaría la inclusión en la agenda política de aquellos movimientos sociales con estructuras burocratizadas y centralizadas. Una burocratización que se desarrolla mediante la interacción con el Estado y los partidos políticos (Young-hwa Kim, 2005, p. 14):
«las estructuras burocráticas disponen de la presencia de un líder central que es autorizado a actuar en nombre de los/as actores colectivos, reduciendo la distancia entre los niveles locales y nacionales (como en el caso de las estructuras federales del movimiento) y disminuyendo la confusión y el desacuerdo durante las interacciones entre los/as miembros del movimiento social».
Entre los cambios estructurales y organizativos que produce la burocratización, se destaca la complejidad que adquieren las tareas organizativas en el ámbito administrativo y jurídico, así como unas acciones menos reivindicativas y más centradas en la prestación de servicios financiados, en la mayoría de los casos, con dinero público. En este caso, el Estado mantiene la función de regular y financiar los servicios, mientras que las asociaciones, ONG o empresas, se encargan proveerlos y gestionarlos. De esta manera, las asociaciones se enfrentan a una cultura estatalista que les permite participar en el contexto institucional, a pesar de las posibles consecuencias, como por ejemplo:
- Un mayor control por parte del Estado sobre el asociacionismo, sometiéndolo a un «sistema de vigilancia y control local» (Tilly, 2004, p. 285).
Por ejemplo, no podemos entender el surgimiento del Foro de Vida Independiente y Diversidad sin tener en cuenta cómo el movimiento asociativo de la discapacidad, surgido durante la Transición y con una clara orientación reivindicativa, fue despolitizándose progresivamente para pasar a ser fundamentalmente proveedor de servicios públicos (Díaz, 2008). Ante este proceso de burocratización el FVID surge con una clara voluntad reivindicativa en el año 2001 y, como señalan en su página web, con un modelo de organización horizontal: una comunidad basada en la participación directa y en igualdad de condiciones, en la que «no existe una presidencia ni una junta directiva, ni siquiera disponemos de identificación fiscal y nuestro presupuesto es de 0 €».
- Una desresponsabilización institucional, ya que existe un menor compromiso por parte de las instituciones para resolver las problemáticas sociales, así como una mercantilización y neoliberalización del bienestar social (Kriesi, 2016) mediante la privatización y comercialización de servicios a cambio de dinero público (Funes, 2011). Por eso, a menudo se reivindica que algunos servicios sean prestados directamente por la Administración pública.
Por ejemplo, los centros de planificación familiar que nacieron en el ámbito comunitario del movimiento feminista en los años de ochenta y, más tarde, a partir de 1991, se incluyeron en la red de sanidad pública, pasando a ser gestionados directamente desde el Estado (Ruiz, 2009). Este tipo de absorción, a su vez, se convierte en un problema para determinadas asociaciones cuya intención es incidir directamente en la realidad que desean cambiar y ofrecer servicios específicos al colectivo que representan, como por ejemplo la Fundación Surt, que nace en 1993 en Barcelona con el objetivo de aportar herramientas y apoyar a las mujeres en su incorporación al mundo laboral (Ruiz, 2004, 2009).
- Una desmotivación por parte de las personas activistas y una pérdida de representatividad que se traduce en la aparición de «nuevos lobbys» (Della Porta y Diani, 2011, p. 308).
Por ejemplo, Ruiz (2004, 2009) señala la invisibilidad que en determinados momentos han tenido las reivindicaciones colectivas del feminismo debido a la potente capacidad de representación que posee el Estado: las demandas reclamadas por las asociaciones eran absorbidas por las instituciones, pasando al terreno político e invisibilizando el trabajo previo realizado por el tejido asociativo.